Aunque, en teoría, todo el mundo defiende la libertad de expresión, en la Europa actual han aparecido nuevas cortapisas bajo la forma de leyes contra el discurso del odio. Con este concepto impreciso se intenta englobar expresiones que provoquen hostilidad y violencia contra personas por su pertenencia a ciertos grupos. Sin embargo, su aplicación práctica está sirviendo para penalizar e intentar silenciar ideas que desafían la ortodoxia políticamente correcta del momento. Cada vez más grupos intentan acallar la libre expresión de ideas que, a su juicio, consideran ofensivas para su identidad (étnica, sexual, de género, religiosa). Calificarlas de discurso del odio es un modo de cerrar el debate sin discutirlas. Coleman estudia el origen y la proliferación de estas leyes en Europa. Su perspectiva jurídica se une a la exposición de casos en distintos países de periodistas multados, clérigos llevados a juicio, profesores castigados. Su análisis revela que las leyes contra el discurso del odio tienen una redacción imprecisa, con una gran carga de subjetividad, no requieren que lo que se pretende prohibir sea falso ni que haya una víctima concreta, solo defienden a ciertos colectivos y no a otros, muchas veces tienen carácter penal y se aplican de forma cambiante. Esta arbitrariedad puede causar más daño a la libertad que las ideas peligrosas que pretende combatir. Una genuina libertad de expresión implica que la gente pueda emitir opiniones que sean molestas para otros ciudadanos o para la opinión pública dominante. Pero precisamente por eso es necesaria la libertad de expresión.